La ley fue promulgada por el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez. La propuesta impide el acceso a beneficios fiscales, sociales, tributarios y subsidios a persona física o jurídica que esté usurpando terreno privado o estatal.
Se aprobó en Mendoza el proyecto de ley impulsado por el diputado Jorge Difonso, a través del cual se impide el acceso a beneficios fiscales, sociales, tributarios y subsidios a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que usurpen tierras privadas o estatales en la provincia.
El texto aprobado el martes 17 de noviembre, dispone como requisito esencial para acceder a los beneficios de planes sociales, subsidios, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.
Además, establece que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores, de condenas por los delitos enumerados.
En la fundamentación del proyecto, el diputado Difonso sostuvo que “en Mendoza ya se está previendo el avance de esta modalidad de toma de tierras, por lo que, a fin de evitar problemas mayores, es dable anticiparse a la posible acción de algunas personas que creen que este método de usurpación es una solución a su medida”.
Asimismo, el proyecto de ley fue criticado por la oposición. Al respecto, la legisladora Andrea Blandini y el senador Ernesto Mancinelli aseveraron que no acompañarán la propuesta. “Otras soluciones que se han buscado en estos días como la represión en Guernica menos aún lo resuelven y agravan más la crisis. El problema del déficit habitacional es un tema no solo a nivel local sino también nacional”, explicó Mancinelli.
El proyecto aprobado pasó a manos del Poder Ejecutivo, quien se encargó de su promulgación y ulterior publicación en el Boletín Oficial.
