FUNDAMENTOS
HONORABLE CAMARA:
El presente proyecto de Resolución tiene por finalidad, expresar nuestro homenaje a las víctimas de la última dictadura militar Argentina, adhiriendo a las actividades a realizarse por el «Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia», en conmemoración del 44º aniversario del golpe cívico y militar llevado a cabo el 24 de marzo de 1976.
El 24 de marzo de 1976, en la Argentina hubo un golpe de Estado que tomó el gobierno por la fuerza e instauró una Dictadura Cívico Militar que duró hasta el año 1983. En un proceso similar al padecido por muchos países latinoamericanos se instauró en nuestro país, la Dictadura Cívico Militar más sangrienta de la historia contemporánea.
Durante la dictadura, las sucesivas juntas militares que ejercieron el gobierno de facto tomaron medidas políticas, económicas, sociales y culturales que afectaron fuertemente a nuestra sociedad, con muchas consecuencias que perduraron en el tiempo. Se dejaron de lado la Constitución Nacional y las instituciones de la Democracia, y esto significó que tampoco se respetaron los derechos de los ciudadanos.
Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, disolvieron el Congreso Nacional, prohibieron los partidos políticos y destituyeron a la Corte Suprema. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el «orden», sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y «desaparecieron». Mientras tanto, mucha gente se exilió. La dictadura ejerció el terrorismo de Estado a través de la represión, la persecución, los asesinatos, la desaparición de personas y la apropiación de menores, con el objetivo de generar miedo, aislamiento y así controlar a la población. En ese marco, se intervinieron los sindicatos y se suspendieron los derechos de los trabajadores, al tiempo que, se reprimió toda forma de participación popular.
Las políticas económicas tendieron a la destrucción de la industria nacional y a promover la importación de productos hechos en el exterior. Esto implicó que miles de trabajadores perdieran su trabajo y que bajaran los salarios, por lo que muchas personas pasaron a ser pobres. También, la dictadura pidió préstamos al exterior y como consecuencia aumentó la deuda externa del país, que en esos años creció enormemente. Al mismo tiempo, el Estado dejó de invertir en salud, educación y vivienda y esto empeoró las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
El Estado comenzó a ser destruido desde el Estado mismo. O peor, fue moldeado de acuerdo a los intereses y necesidades de una minoría que ejercía el poder con crueldad y desprecio hacia la amplia mayoría de la población. En el ámbito social y cultural, hubo una fuerte censura en la prensa y además se prohibieron libros (24 toneladas de libros quemaron en un solo día los militares, el 26 de junio de 1980 en un baldío de Sarandí, Provincia de Buenos Aires), canciones, obras de teatro y expresiones culturales contrarias al gobierno.
Por medio del comunicado Nº 19, del 24 de marzo de 1976, la dictadura comunicaba a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales. (Diario «La Prensa», 24 de marzo de 1976).
El término «subversión» englobaba a las organizaciones o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social: obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes, empresarios y más. La cara más feroz de la dictadura se vio con la desaparición de personas. La «desaparición» fue la fórmula más siniestra de la «guerra sucia»: el «objetivo» era secuestrado («chupado») por un comando paramilitar («grupo de tareas» o «patota») donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los «desaparecidos» al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación , las cuales eran secuestradas y llevadas a distintos campos de concentración que existían por todo el país, en grandes centros urbanos. Todos estaban incluidos en la categoría de «enemigos de la nación». Las personas eran llevadas a centros clandestinos de detención, operados por las FFAA., donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos. La impunidad de los dictadores arremetía contra todo aquel que se opusiera a vivir en un régimen autoritario y neoliberal. Trabajadores, sindicalistas, periodistas, científicos, intelectuales, militantes fueron víctimas de la represión y la tortura.
Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las madres parían en los centros de detención fueron inscriptos como hijos propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos. Durante la dictadura, los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían desaparecer y los entregaban a familias de militares. Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos chicos, eran considerados subversivos.
Después de siete años de dictadura, la presión internacional, la demanda popular y el desgaste político de los grupos gobernantes, profundizado por la derrota en la guerra de Malvinas en 1982, derivaron en el llamado a elecciones nacionales, y el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como presidente constitucional de la Argentina. Con el advenimiento de la democracia, el Presidente Raúl Alfonsín encargó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional. Por dichos crímenes, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y sus cómplices fueron juzgados y condenados en 1985.
A partir de año 2003, se comenzó a implementar políticas que tuvieron como eje la promoción de los Derechos Humanos. Como símbolo de este compromiso, el 24 de marzo de 2004, el ex presidente Néstor Kirchner ordenó descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y Roberto Bignone, del Colegio Militar. Y expresó: vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergúenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. No es rencor ni odio lo que nos guía, sino justicia y lucha contra la impunidadâ€.
Ese mismo día dispuso también el traspaso de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a organismos de Derechos Humanos y la creación en su lugar del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Actualmente, en el lugar donde reinó la muerte, distintos organismos e instituciones ahora honran la vida trabajando para promover los Derechos Humanos y testimoniar los delitos de lesa humanidad. Además, las luchas de los organismos nacidos al calor de los crímenes cometidos durante el régimen de facto, tuvieron reconocimiento con la decisión del Congreso Nacional de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que indultaban a los responsables de delitos de lesa humanidad. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de estas normas, lo que permitió que se desarrollen numerosos juicios orales y públicos contra quienes cometieron los crímenes de la dictadura.
Durante la dictadura sistemáticamente desde el Estado se violaron todos los Derechos Humanos y se suprimieron todas las garantías constitucionales. Se impuso una cultura del terror que caló hondo en la estructura social, quebrantando los lazos sociales y dejando la nefasta frase algo habrán hecho como legado perverso. Por eso, reflexionar sobre lo sucedido contribuirá a la memoria colectiva, para saber qué nos pasó e interpretar que Nunca Más queremos vivir bajo una dictadura. Hay que interpelar a la historia desde lo profundo para crecer como sociedad y defender la democracia, construyendo un país donde Memoria, Verdad y Justicia sean la política de estado que marque el camino para no repetir la historia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen afirmativamente en el presente proyecto de Resolución.
13 de marzo de 2020.-
PROYECTO DE RESOLUCION
EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
R E S U E L V E:
Artículo 1º: Expresar nuestro homenaje a las víctimas de la última dictadura militar Argentina, adhiriendo a las actividades a realizarse por el «Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia», en conmemoración del 44º aniversario del golpe cívico y militar llevado a cabo el 24 de marzo de 1976.
Art. 2º: De forma.